Seguridad en Chapingo corresponde a la universidad, no al sindicato: jueza laboral
Chapingo, Estado de México, 21 de marzo de 2026. En medio del conflicto por la huelga en la Universidad Autónoma Chapingo, el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos estableció que la vigilancia y seguridad del centro de trabajo corresponde a la propia universidad, no a los trabajadores huelguistas.
De acuerdo con el acta de la audiencia de conciliación celebrada el 20 de marzo —a la que tuvo acceso Molino de Letras—, la jueza del caso precisó que, si bien el sindicato es responsable del movimiento de huelga, la parte empleadora debe garantizar la seguridad y resguardo de las instalaciones, como lo hace de manera ordinaria.
Asimismo, se dejó en claro que no puede exigirse a los trabajadores huelguistas realizar actividades adicionales a la suspensión de labores, al no haberse determinado aún el personal de emergencia conforme a la ley.
Sindicato denuncia contradicción de la rectoría
Pese a este criterio, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (STAUACh) informó que la administración universitaria encabezada por Ángel Garduño emitió un comunicado en el que solicita a los profesores huelguistas asumir tareas de vigilancia, lo que —sostiene— contradice lo expresado por la autoridad judicial.
En un escrito presentado de manera urgente ante el Tribunal, su apoderado legal, Eugenio Narcia Tovar, señaló que el rector de la universidad convocó a los académicos a “asumir la responsabilidad del cuidado de los bienes universitarios y vigilar adecuadamente los accesos”, pese a que en audiencia ya se había establecido que dicha función corresponde a la institución.
Ante ello, el sindicato solicitó a la jueza emitir un pronunciamiento expreso que reitere que la seguridad y vigilancia de todas las instalaciones universitarias corresponde exclusivamente a la universidad, a través de su personal especializado y con apoyo de cuerpos de seguridad pública.
El documento también advierte que los trabajadores académicos no cuentan con el equipo, la capacitación ni las condiciones para realizar labores de resguardo, particularmente en campus de gran extensión o ubicados en zonas de riesgo.
Huelga, instalaciones abiertas y responsabilidad institucional
El conflicto se enmarca en una huelga atípica iniciada el pasado 20 de marzo, en la que el STAUACh decidió suspender únicamente las actividades académicas sin cerrar los accesos a las instalaciones universitarias.
En su más reciente comunicado dirigido a la comunidad estudiantil, el sindicato reiteró que esta modalidad se apega a la Ley Federal del Trabajo y responde a la negativa de aceptar un incremento salarial del 4 por ciento.
Asimismo, informó que, por instrucciones del propio Tribunal Laboral, la administración universitaria es la responsable del cuidado de las instalaciones tanto en la sede central como en las unidades regionales, por lo que desmintió públicamente el llamado de la rectoría a que los huelguistas asuman esa función.
Señalamientos por falta de vigilancia
En ese mismo pronunciamiento, el STAUACh advirtió sobre lo que calificó como una “grave irresponsabilidad” por parte de la administración al no garantizar plenamente la vigilancia en los campus universitarios, donde habitan y desarrollan sus actividades miles de estudiantes.
El sindicato indicó que, en un acto de solidaridad, los propios académicos se mantienen atentos a cualquier situación imprevista, pese a que dicha labor no forma parte de sus obligaciones legales durante la huelga.
Un conflicto con implicaciones legales y políticas
El criterio expresado por el Tribunal introduce un elemento central en el conflicto: delimita la huelga como una suspensión de labores sin traslado de responsabilidades operativas hacia los trabajadores académicos.
Al mismo tiempo, coloca bajo escrutinio las acciones de la administración universitaria, que ha sostenido públicamente una interpretación distinta sobre el control y resguardo de las instalaciones.
Mientras el proceso continúa, el Tribunal deberá emitir nuevas determinaciones sobre el personal indispensable para actividades críticas. En tanto, la universidad permanece abierta, pero en medio de una disputa que ya no solo es laboral, sino también jurídica e institucional.
