La democracia en Chapingo*
La palabra democracia deriva de kratos, que significa ‘poder’, y demos, que se entiende como ‘pueblo’; es decir, la democracia es el poder y la soberanía del pueblo, el derecho de los ciudadanos a nombrar a sus gobernantes. Tuvo su origen en Atenas, una Ciudad-Estado de la antigua Grecia. En las asambleas y las votaciones no participaban todos los habitantes, sólo los ciudadanos. Se excluía a las mujeres, a los extranjeros, a los esclavos y a los libertos. Los hombres elegidos no decidían por sí mismos cuando se trataba de cosas importantes para la ciudad, se consultaba a las bases para la toma de decisiones.
En el siglo XVIII, Estados Unidos fue el primer país que aplicó las reglas de la democracia moderna. En 1776, en su Declaración de Independencia, se establece que todos tienen derechos inalienables como el derecho a la vida, a la libertad y a la felicidad. Al igual que en la antigua Grecia, de esos derechos estaban excluidos los pueblos originarios, los esclavos, las personas de color y las mujeres.
En la democracia moderna burguesa, los ciudadanos ejercen el poder a través de representantes designados en votaciones directas y secretas. El objetivo de toda democracia es alcanzar la construcción de una sociedad fundada en valores como la libertad, la igualdad social, justicia, salud, educación, respeto, tolerancia y la participación de todos en la vida política. Estos valores siguen siendo una utopía en pleno siglo XXI. En la cultura y la economía occidental, la democracia se limita a una lucha por el poder político entre candidatos partidarios de la libre empresa. Es como si los partidos políticos se enfrentaran para ver quién sirve mejora a los intereses de la burguesía.
En la historia de nuestro país, las grandes gestas de héroes como Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Zapata, Cárdenas, etc., tenían por objetivo la construcción de instituciones sociales que garantizaran la libertad, la justicia social, la soberanía nacional, el respeto a los derechos humanos y la democracia. A más de doscientos años de la Independencia y más de cien de la Revolución, estos objetivos están muy lejos de ser una realidad. La riqueza está espantosamente concentrada y la soberanía del país sigue siendo una esperanza para el futuro. No tenemos autosuficiencia alimentaria y la mano de la justicia no es para todos. Las empresas trasnacionales controlan el comercio interno y externo, y las mineras extranjeras se siguen llevando toneladas de metales preciosos; además, la deuda pública astronómica es impagable.
La democracia en Chapingo
En el siglo XXI, la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) es la única institución educativa del país en el que la comunidad académica elige a sus dirigentes a través del voto secreto y universal. En los procesos electorales participan todos, incluyendo los alumnos catorceañeros o quinceañeros de primero año. La democracia es de avanzada; sin embargo, aún falta mucho para que sea completa, ya que entre el profesorado y en los puestos directivos departamentales y universitarios, predominan los varones. Todos los directores y rectores han sido hombres. En febrero de 2015, la maestra de Preparatoria Agrícola Luz María Hermoso Santamaría fue nombrada rectora en la Asamblea General Conjunta del 10 de febrero de ese año. Lamentablemente, no fue reconocida por el Consejo Universitario y el rector interino de ese entonces, con el argumento de que no se juntó el quórum.
En los años que van de 1910 a 1968, la entonces Escuela Nacional de Agricultura (ENA) estuvo militarizada; sin embargo, a pesar de la disciplina castrense, los alumnos tenían la fuerza política para correr a un profesor, modificar un plan de estudios o destituir a un director incómodo. Desde el año de 1908 en San Jacinto, hicieron sentir su fuerza contra el director Ignacio Velázquez, al que le aventaron terrones de lodo cuando caminaba por el terreno de la escuela conocido como El Chapitel, al mismo tiempo en que le gritaban “muera el diablo”. Asimismo, contaban con la capacidad para echar abajo un plan de estudios oficial como fue el caso del Plan Caimán de 1932 —ya en Chapingo—, que desaparecía el título de ingeniero y que regresaba al caduco título de “perito agrícola” “o agricultor inteligente”, como en los años del Porfiriato. En 1962, destituyeron al director Rafael Espinosa Vicente. Un triunfo muy importante en la construcción de la vida democrática fue la huelga estudiantil de 1937, que culminó con la creación del Consejo Directivo Paritario (CDP), el actual Consejo Universitario (CU)
Un triunfo muy importante en la construcción de la vida democrática fue la huelga estudiantil de 1937, que culminó con la creación del Consejo Directivo Paritario, el actual Consejo Universitario.
Otros logros alcanzados en la construcción de la vida democrática de la ENA-UACh por la presión estudiantil fueron los siguientes: en 1956 lograron la creación de los Departamentos de Enseñanza, Investigación y Servicio (DEIS). En 1965 obtuvieron la reapertura de la Preparatoria Agrícola, que había desaparecido en 1962. Una huelga larga en 1974 culminó con el decreto que creaba la Universidad el 30 de diciembre del mismo año. En 1985, las marchas y presiones estudiantiles lograron los recursos económicos para la construcción de los módulos de Autoconstrucción —que se construyeron el siguiente año— y la finalización de los edificios de Fitotecnia y Parasitología Agrícola, cuya edificación se detuvo durante aproximadamente diez años.[1] En octubre de 2002, grupos de alumnos se apoderaron de las instalaciones para exigir la anulación del proceso electoral que dio el triunfo a José Reyes Sánchez —quien buscaba la reelección—, argumentando que en el proceso prevaleció la corrupción, las presiones y la compra de votos.[2]
A partir de la década de los setenta, los jóvenes de primero comenzaron a ser clave en los procesos electorales, porque era el grado que agrupaba al mayor número de alumnos. Los aspirantes a un puesto de elección buscan, sobre todo, los votos de los estudiantes y profesores de Preparatoria, porque un triunfo en este departamento —el más grande por el número de profesores y alumnos—, les garantiza el triunfo para su proyecto académico o causa política. Antes de 1967, sólo tenían derecho de voto los veteranos —de segundo a séptimo año—. Los de primero fueron marginados con el pretexto de que eran noveles quinceañeros que desconocían la vida político-académica y, por lo mismo, no estaban preparados ni física, ni académica ni psicológicamente para participar en los procesos democráticos; además, por las mismas condiciones, eran fácilmente manipulados por profesores y alumnos veteranos con fines políticos no siempre transparentes. Los alumnos de primer año empezaron a votar en las asambleas y en los plebiscitos a partir de la participación de los chapingueros en la huelga nacional de las escuelas de agricultura de 1967[3].
Debilidad estudiantil
El poder político de los estudiantes tenía —y tiene— limitaciones como las siguientes: en la década de los sesenta, no pudieron evitar la implementación del Plan Chapingo, aunque a final de cuentas las dependencias agrícolas gubernamentales regresaron a la Ciudad de México. Tampoco tuvieron la fuerza política necesaria para oponerse a las instalaciones en Chapingo de una institución que simbolizaba el poder económico y político del imperialismo norteamericano, la Fundación Rockefeller. En 1962, aceptaron la desaparición de la Preparatoria Agrícola, aunque en 1965 lograron su restablecimiento.
A mediados de 1975, en el marco de la lucha entre la izquierda y la derecha por el proyecto de Universidad, los alumnos de izquierda no tuvieron la fuerza o la voluntad para impedir que la Asamblea General Conjunta (AGC) designara a Reyes Bonilla Beas, de la derecha chapinguera, como nuevo director. Tampoco impidieron que alumnos y profesores de esta tendencia político-ideológica tomaran el control del entonces Consejo Directivo. La afirmación de los entonces conocidos como “bolcheviques” —hoy antorchistas— de que tenían el control total de la AGC, resultó una falacia.
En el paro estudiantil de 2015, el Comité Ejecutivo Estudiantil-Consejo General de Representantes (CEE-CGR), no ejerció la presión suficiente para exigir que se aplicaran los acuerdos de la Asamblea General del 10 de febrero de ese año. El movimiento se diluyó al regresar de vacaciones de Semana Santa. En el siguiente semestre, se planteó una nueva Asamblea General, pero esta nunca aterrizó.
A mediados de 1975, en el marco de la lucha entre la izquierda y la derecha por el proyecto de Universidad, los alumnos de izquierda no tuvieron la fuerza o la voluntad para impedir que la Asamblea General Conjunta designara a Reyes Bonilla Beas, de la derecha chapinguera, como nuevo director.
En los tiempos reciente, el CEE-CGR ha tomado actitudes en contra de los trabajadores. En febrero de 2020 tomaron las instalaciones en un paro indefinido para evitar una huelga anunciada por el sindicato de trabajadores administrativos. Otra debilidad del sector estudiantil es que hay ocasiones en que pasan por encima de las normas universitarias al defender en los consejos departamentales y en el Consejo Directivo —después universitario— a jóvenes que cometen actos en contra del reglamento académico de alumnos como violaciones o agresiones a algún compañero. Cuando esto sucede, los consejeros alumnos abogan por el infractor para que no sea expulsado, argumentando que es de alto promedio y está en los —o en el— últimos años de la carrera.
En los recientes procesos electorales para renovar al CEE-CGR, se observa un decaimiento en la participación de los alumnos. En los últimos plebiscitos no se ha juntado el quórum, por lo que se han designado comités ejecutivos de carácter interino.
Para los jóvenes que provienen de un ambiente educativo y social antidemocrático como las secundarias públicas y, sobre todo, las de tipo confesional, participar en la vida democrática y en la toma de decisiones es una verdadera sorpresa. En Chapingo se dan cuenta de que pueden elegir o destituir a su jefe de grupo, a su represente ante el consejo departamental, a sus consejeros universitarios, a la mesa directiva de la sociedad de alumnos, al director del departamento o al rector de la universidad.[4]
Un gran porcentaje de chapingueros proviene de un medio rural o urbano en donde priva el verticalismo político y social donde sólo se escucha la voz del cacique local o regional. En las familias campesinas y en los pueblos originarios se mantiene una fuerte tradición conservadora, en donde sólo se escucha la voz indiscutible del jefe de familia o del cacique local; inclusive, hay comunidades donde las mujeres tienen prohibido participar en los asuntos políticos.
Después de cinco o siete años de vivir en un paraíso educativo donde tienen alimentos, viáticos, dinero para gastos personales, libros, dormitorios y educación gratis, los egresados regresan a la vida real, a un medio social de aguda concentración de la riqueza donde impera el verticalismo en la toma de decisiones, la corrupción y los bajos salarios. En pocas palabras, ingresan a la Universidad provenientes de un medio social antidemocrático y regresan como profesionistas a la misma sociedad antidemocrática profundamente verticalista y desigual, por lo menos hasta el 2018.
Los alumnos en la transformación de Escuela en Universidad
En los años que van de 1972 a 1978, alumnos, profesores y directivos se dividieron al plantearse la transformación de la Escuela en Universidad en torno a dos modelos universidad. El primero que apareció en el escenario fue el proyecto Universidad Nacional Rural Autónoma de México (UNRAM), que vio la luz en 1973. Fue defendido por el Colegio de Posgraduados (Colpos) y la mayoría de las especialidades. Los partidarios de este modelo se identificaron políticamente como del bando de la derecha. En su visión ideológica sólo debían ingresar estudiantes de buen nivel académico; asimismo, simpatizaban con la agricultura capitalista, el modelo educativo estadounidense y eran partidarios de una enseñanza eminentemente tecnocrática. En su proyecto desaparecían los servicios asistenciales, el bachillerato agrícola y el Consejo Universitario quedaba como máximo autoridad en el organigrama de gobierno.
El segundo proyecto apareció en 1974 y fue conocido como Universidad Nacional Autónoma Chapingo (UNACh), mismo que fue defendido por los departamentos de Preparatoria Agrícola, Sociología Rural, Economía Agrícola y Zonas Áridas, principalmente. Eran menos departamentos, pero aglutinaban a la mayoría de los profesores y alumnos, sobre todo, la comunidad académica preparatoriana. Los defensores de esta alternativa se identificaron ideológicamente con la izquierda. En su modelo de universidad se mantenía el bachillerato agrícola, los servicios asistenciales, las becas, se defendía el “voto por cabeza” y la Asamblea General como máximo órgano de gobierno. Entre 1972 y hasta mediados de 1975, la izquierda controlaba la Dirección y el Consejo Directivo. En octubre del mismo año, estas instancias quedaron en manos de la derecha. En 1977, la izquierda regresó al poder con el nombramiento de Rogelio Posadas del Río en la dirección de la ENA. Con la promulgación del Estatuto Universitario de 1978, la Escuela se convirtió en la Universidad Autónoma Chapingo. Las elecciones para la rectoría fueron ganadas por Posadas de Río, convirtiéndose así en el último director de la ENA y primer rector de la Universidad.
Con la promulgación del Estatuto Universitario de 1978, la Escuela se convirtió en la Universidad Autónoma Chapingo.
La estructura democrática que establece el Estatuto Universitario de 1978 abrió la puerta para una intensa lucha política por los espacios de poder político y administrativo. Desafortunadamente, en los procesos electorales, departamentales o universitarios, los contrincantes y sus equipos de campaña no mantienen los niveles de rivalidad en un clima de honestidad, respeto y de propuestas académico-políticas razonables. En muchos procesos electorales los contrincantes atacan a sus adversarios con métodos sucios y calumniosos, inclusive se hacen alusiones a su vida privada y familiar para reducir el perfil político de los contrarios. En las campañas hay acusaciones de corrupción, favoritismo, desviación de recursos, ineficiencia administrativa, gastos superfluos, etc. Cualquier profesor o alumno que aspire a un puesto de representación, corre el riesgo de ser blanco de ataques y acusaciones reales o inventadas. Frecuentemente los aspirantes recurren a la compra de votos ofreciendo a los votantes bailes y comidas fuera de Chapingo donde abundan las bebidas embriagantes. También es común la organización de peleas de gallos —fuera del campus universitario—, o la introducción a las instalaciones de aparatos atractivos entre los jóvenes como el toro mecánico.[5]
Un ejemplo claro de la distorsión y la degradación de la democracia chapinguera lo tenemos en la primera rectoría del doctor Sergio Barrales Domínguez, el cual ganó el plebiscito del 2003 con dos votos de diferencia. Su triunfo fue legal, ya que en las normas democráticas se gana hasta con un voto de diferencia; No obstante, sus opositores rechazaron su triunfo y exigieron una segunda vuelta; inclusive, un grupo de alumnos se apoderó de las instalaciones para exigir la anulación de los resultados. Como la actitud de los paristas violentaba las normas universitarias, el propio CEE exigió la entrega de las instalaciones pidiendo a los inconformes que canalizaran sus quejas en el marco de las normas institucionales.[6] De cualquier forma, el CU ratifico el triunfo de Barrales, tomando posesión de su cargo en el mes de mayo del 2003.[7]
Ya en la Rectoría, sus contrincantes continuaron poniéndole obstáculos a su administración y maniobraron para plebiscitarlo y sacarlo del Edificio Principal. Las firmas que presentaron al CU para respaldar el referéndum estuvieron llenas de irregularidades: algunas de ellas estaban duplicadas, otras correspondían a jóvenes dados de baja, otros más estaban de permiso o la firma no correspondía a la matrícula del nombre inscrito. Hubo hasta firmas fantasmas o falsas. Restando las rúbricas irregulares, quedaban menos del 20 por ciento que exigían las normas reglamentarias para implementar una votación. A pesar de lo anterior, el CU aprobó el plebiscito que se realizó en octubre de 2004. Los resultados ratificaron al rector Barrales por una clara y amplia mayoría, sobre todo de la comunidad preparatoriana. A pesar de la legalidad de su mandato, los opositores continuaron su ofensiva acusando al rector de actos de corrupción y actitudes antidemocráticas que nunca fueron comprobadas. El doctor Sergio Barrales terminó en tiempo y forma el mandato para el que fue elegido en el año 2007.
En el proceso de 2006 para designar a un nuevo director de la Preparatoria Agrícola, Moisés Zurita triunfo con cinco votos de diferencia sobre el segundo lugar. A pesar de la legalidad de su candidatura y de su triunfo, profesores integrantes de distintas áreas académicas departamentales se confabularon para destituirlo con el argumento de que como directivo sólo llevaba un grupo, pero que su contrato estipulaba que debía llevar tres grupos. Los opositores no lograron su propósito porque sus argumentos no estaban sustentados en bases legales y Zurita terminó su periodo de tres años de administración para el que fue elegido.
El proceso electoral del 2015 para la elección de un nuevo rector también estuvo lleno de vicios, tantos que el entonces candidato José Antonio Anaya Roa (QEPD) exigió —en oficio público dirigido a la comunidad universitaria— el retiro del registro al —o a los— candidato que se le comprobara la compra de votos.[8] Otro aspirante en el mismo proceso, Moisés Zurita, se pronunció contra el uso de mentiras, calumnias, acusaciones falsas de carácter anónimo y en contra de cualquier tipo de censura. El referéndum fue ganado por el doctor Sergio Barrales Domínguez, que así llegaba por segunda vez a la rectoría, convirtiéndose en el primer personaje que alcanzaba la reelección, aunque no de manera consecutiva. En los cuatro años de su segunda administración, este directivo tuvo que remar contra la fuerte corriente opositora representada por el Consejo Universitario.
Corrupción de representantes populares
El Estatuto de 1978 dispone que las sesiones de los cuerpos colegiados sean abiertas a toda la comunidad académica y que los consejeros departamentales y universitarios presenten informes de sus actividades ante las comunidades que representan; asimismo, deben consultar a sus bases sobre asuntos académico-políticos trascendentales que se traten en el orden del día. En los hechos, los consejeros votan de acuerdos a intereses personales o de facción política y no consultan a las bases que representan —algunos lo hacen en contadas ocasiones—. Como integrantes de la comunidad, cada consejero puede tener su propia opinión y posturas personales respetables, pero como integrantes y representantes de una comunidad departamental o universitaria, se deben defender los intereses y los planteamientos de la comunidad que representan.[9]
Para la adopción de políticas públicas en favor la institución, lo ideal para la universidad es que las tres instancias de gobierno —rector, Consejo Universitario y la comunidad académica— actúen de manera coordinada. Desafortunadamente, en los últimos años del siglo XXI algunos rectores y el Consejo Universitario no han estado a la altura de las circunstancias. En ocasiones, los directores departamentales y los rectores aplican y promueven políticas deshonestas de índole personal o de facción que afectan al patrimonio universitario. A lo largo del siglo XXI, los consejeros universitarios han distorsionado sus funciones académicas, políticas y administrativas que deberían ser en favor de la universidad y la comunidad académica.
Desafortunadamente, hay representantes en los órganos de gobierno que actúan movidos por ambiciones personales. Varios de ellos se reeligen continuamente; a veces por su comunidad departamental y en otras por la comunidad universitaria. Durante la segunda rectoría de José Sergio Barrales Domínguez (2015-2019), hubo un enfrentamiento fuerte y directo entre las dos instancias máximas de gobierno. En varias ocasiones los consejeros universitarios tomaron acuerdos y actitudes que violentaban las normas estatutarias, como la afirmación de que el Consejo es la máxima autoridad en el organigrama de gobierno, pasando por encima de la Asamblea General Universitaria. También se toman acuerdos que contravienen el estatuto, como el intento de destitución del actual rector José Solís Ramírez, destituido del cargo en la última semana de junio del presente año (2021). Esto se hizo aun cuando el Estatuto es muy claro al establecer que sólo la comunidad académica está facultada para nombrar o destituir a un rector mediante una Asamblea General o con un plebiscito. La destitución no prosperó porque era evidente la violación flagrante del Estatuto Universitario.
Desafortunadamente, hay representantes en los órganos de gobierno que actúan movidos por ambiciones personales. Varios de ellos se reeligen continuamente; a veces por su comunidad departamental y en otras por la comunidad universitaria.
Algunos consejeros profesores no ven en el Consejo un privilegio, un honor y la ocasión para servir al desarrollo institucional. Muchos de ellos están en el órgano colegiado con fines de lucro personal o de grupo político. Este tipo de personas usan el puesto para agredir al rector en turno tan sólo porque no se presta a malos manejos del presupuesto universitario. Lo agreden y le levantan calumnias y mentiras en volantes anónimos que no están sustentadas. Son acusaciones falsas, indignas de un profesor y de alumnos que representan a una institución tan noble y generosa como Chapingo. En otras ocasiones, la fobia contra el rector en turno es porque su candidato perdió las elecciones o sencillamente porque el directivo no es de su agrado.
A este respecto, un escrito del exrector José Sergio Barrales Domínguez, publicado en Facebook en julio de 2021, apunta la existencia de consejeros que buscan prebendas personales con acuerdos como el control de la Contraloría General Interna (CGI) primero y posteriormente del Patronato Universitario (PU). Manejando ambas instancias estratégicas, pueden tomar acuerdos favorables a sus intereses académicos y económicos como limpiar sus expedientes de adeudos por proyectos de investigación, como Alejandro Reyes Guerrero, que recibió recursos pero nunca entregó informes y hay sospechas de que dicho proyecto no lo implementó. El mismo exrector denuncia en su escrito el intento del Consejo Universitario de intentar manejar treinta millones de pesos del presupuesto universitario destinados al Programa de Extensión y Vinculación Universitaria (PEVU). Como el acuerdo invadía funciones que no les correspondían, Rectoría se negó a entregarles estos recursos ante la posibilidad de que se desviaran hacia fines no universitarios.[10]
Hay consejeros que se corrompen por un préstamo del patronato o se venden por una comida, o por un viaje a los centros regionales supuestamente de supervisión. Barrales menciona el caso del consejero Alejandro Reyes Guerrero, quien fue al Centro Regional Universitario de Yucatán y ahí pidió que le organizaran un tour a los cenotes. El personal del Centro yucateco llamó a Rectoría para pedir una explicación y se enteró de que el tour fue un acuerdo aprobado por la camarilla de consejeros corruptos como Jorge Ocampo Ledezma, Pedro Ponce Hernández, Santos Martínez Tenorio, Reyes Guerrero, Remigio Madrigal Lugo y el mismo Reyes Guerrero. Al aceptar este tipo de actitudes que afectan el patrimonio universitario, los consejeros reconocen la corrupción como sinónimo de legalidad.
El CU aprobó un reglamento para los proyectos externos a modo y conveniencia, para sacar ventajas de éstos los consejeros y profesores que lucraban con dichos proyectos, recibiendo dinero del exterior. Por su importancia para las finanzas universitarias, el reglamento debió someterse a consulta de la comunidad académica. Sergio Barrales apunta que los profesores beneficiados utilizaban —y utilizan— en la realización de los trabajos la infraestructura universitaria como los servicios de computación, personal secretarial, electricidad, automóviles. En el mejor de los casos, de los dineros recibidos por dichos proyectos el interesado sólo aporta 15 por ciento a la Universidad.
El exrector, al extenderse en sus cavilaciones sobre los actos de corrupción, señala que el mismo contralor se benefició económicamente de los proyectos externos. Entre las funciones de la Contraloría está la vigilancia de los movimientos financieros que se hacen en Chapingo, principalmente del personal del Patronato Universitario. Sin embargo, esto no siempre es así. El doctor Barrales señala que en su administración los movimientos bancarios no fueron investigados por el contralor. Agrega el mismo exfuncionario que la Contraloría tuvo un fondo de 11 millones de pesos generados por proyectos externos. El contralor propuso que estos recursos se destinasen a la construcción de un edificio para sus proyectos externos, el cual llevaría su nombre. Como su propuesta no prosperó, no se supo el destino de ese dinero, por lo menos hasta el 2019 en que hubo alternancia en la rectoría.
Por no plegarse a los intereses de los consejeros universitarios, el rector Barrales fue inhabilitado de forma irregular y burdamente antidemocrática, con la complicidad del contralor Samuel Pérez Nieto quien, por cierto, se prestó al juego perverso como nunca lo habían hecho otros contralores en el pasado, que igualmente sirvieron de tapete a los intereses económicos y políticos de integrantes del órgano colegiado. De manera insólita y violentando las normas estatutarias, el acuerdo se tomó en una sesión a puerta cerrada. En el colmo de la antidemocracia, no permitieron que el propio afectado estuviera presente para defenderse; además, le negaron la información respectiva, incluyendo los nombres de los consejeros que aprobaron el acuerdo. El pretexto para la inhabilitación fue no haber quitado a la primera directora general de administración solicitada por los consejeros. Sobre este hecho, Rectoría pidió pruebas que justificaran la medida. Dos semanas después entregaron supuestas pruebas que no resistían el menor análisis.
En el 2017, algunos consejeros, entre los que se encontraba Jorge Ocampo Ledezma, hicieron campaña para plebiscitar y destituir al rector Sergio Barrales, usando como pretexto que la Comisión Negociadora de la Universidad otorgara un bono a los profesores exigido por el sindicato de académicos, con lo que se habría causado un daño financiero a la institución. Su actitud mostró un doble lenguaje, ya que por un lado criticaba el bono pero, por otro, felicitaba a los profesores por este logro y él mismo, como consejero y miembro del sindicato, recibió la compensación económica, que debió rechazar para ser congruente con su postura.
En la asamblea informativa de la Preparatoria realizada el 4 de mayo de 2017 en el Auditorio Álvaro Carrillo, Ocampo y Raúl Nieto Ángel fueron cuestionados por los preparatorianos por la forma engañosa en que les pidieron sus firmas, que supuestamente eran para una auditoria, no para un plebiscito. Para no responder a los cuestionamientos, ambos profesores se salieron del recinto. El intento de destitución fracasó porque la aprobación del plebiscito se basó en mentiras y firmas falsificadas que fueron demostradas en su momento.[11] Para evitar un desprestigio mayor, el propio Consejo anuló el proceso y el doctor José Sergio Barrales terminó el periodo de administración para el que fue electo.
Entre los consejeros que se sumaron a la lucha contra el rector estuvo el consejero universitario José H. Quintero, que representaba a la comunidad de la Preparatoria. En su voto favorable al plebiscito, no consultó a la comunidad que representaba, tal como lo dispone el Estatuto de 1978. Quintero se sumó a la falsa acusación de que un funcionario del rector estuvo implicado en un supuesto fraude. El alumno preparatoriano se prestó al juego de los consejeros que ser opusieron a Barrales, usando en sus maquinaciones información distorsionada. Esta posición contraria a las normas estatutarias provocó la protesta del alumno consejero universitario suplente, Rodrigo Cervantes Larragoiti.
El rector actual, José Solís Ramírez, no ha estado exento de ataques del Consejo Universitario. En la última semana de junio de 2021, el órgano colegiado, en una sesión especial cerrada, destituyó al rector legítimo y nombró a un interino, sin tener facultades para hacerlo, ya que la única instancia que puede destituir y elegir a un rector es la comunidad académica, ya sea en Asamblea General o por la figura del plebiscito.
A manera de conclusión
Mucho se ha alcanzado en la construcción de la vida democrática de Chapingo, pero aún falta mucho por hacer y corregir. Unas de las tareas pendientes es que alumnos, profesores y directivos retomen los valores de honestidad, respeto, solidaridad y transparencia en los procesos electorales. Que los candidatos compitan por los puestos electivos en un ambiente político de sano respeto y de propuestas viables en bien de la universidad. Que los triunfadores, ya en los puestos de decisión, ajusten sus acuerdos buscando siempre el bien superior de la Universidad y que transparenten el manejo de los recursos materiales y financieros a su disposición. Los profesores y alumnos estamos de paso, pero la Universidad sobrevive y se mantiene en la periodicidad histórica. Si a nivel nacional y en Chapingo el porcentaje de hombres y mujeres casi es mitad y mitad, se deben abrir en la institución más espacios para las mujeres en la docencia y en los órganos de gobierno para alcanzar la paridad de género.
Los perdedores de los plebiscitos y sus equipos de campaña deben aceptar los juegos de la democracia, aceptar su derrota y dejar que el que directivo en el poder termine su periodo legal para el que fue electo. La comunidad académica debe demostrar que somos dignos de pertenecer a una institución tan noble y generosa como Chapingo y que estamos orgullos de su democracia. La institución cobija por igual a académicos, trabajadores, alumnos y funcionarios; lo mejor que podemos hacer es ajustar nuestras acciones para superar los obstáculos y elevar a la Universidad a escaños más altos para incrementar su prestigio social y académico, para que siga cumpliendo con la formación de los especialistas que necesitan los agricultores mexicanos.
Mucho se ha alcanzado en la construcción de la vida democrática de Chapingo, pero aún falta mucho por hacer y corregir. Unas de las tareas pendientes es que alumnos, profesores y directivos retomen los valores de honestidad, respeto, solidaridad y transparencia en los procesos electorales.
Los alumnos y profesores en los órganos colegiados, así como el personal en puestos de confianza, deben ser los primeros en acatar las normas internas que garantizan la sana convivencia y el desarrollo institucional. Si un directivo o un consejero están dañando a la Universidad o violan la normatividad institucional, se le debe llamar la atención y, en caso de persistencia, implementar las sanciones correspondientes, que incluyen la destitución en el puesto. Las normas se deben de aplicar sin importar el peso político del infractor. Si un acuerdo o un decreto de un directivo o de un cuerpo colegiado es ilegal por violar las normas estatutarias, la comunidad o las personas afectadas tienen derecho a desacatarlas y a exigir al infractor la corrección de su conducta. Por desgracias, entre la comunidad estudiantil persisten vicios que violentan las normas de sana convivencia, como el alcoholismo. Está tan arraigado que, si se aplicara la normatividad al respecto, un porcentaje considerable de alumnos se iría de Chapingo.
Cuando los jóvenes egresan y se insertan en mercado laboral, se mueven en un medio social antidemocrático. Algunos de ellos abandonan los principios de solidaridad hacia los sectores vulnerables y se corrompen al meterse en la política nacional, como sucedió con Silvano Aureoles, quien dirigió los destinos de Michoacán. Su gobierno reprimió las manifestaciones estudiantiles, magisteriales y de los pueblos originarios que cuestionaban su política económica y social.
* Conferencia inaugural del 10.º Congreso Internacional de Ciencias y Humanidades 2021. Reconstruyendo el futuro, realizado del 4 al 8 de octubre pasado.
[1] Agregados realizados y enviados por correo electrónico al autor de esta ponencia el 18 de septiembre de 2021 por parte del doctor José Sergio Barrales Domínguez.
[2] Volante tamaño oficio fechado el 17 de octubre de 2002. El documento hace una cronología de algunos de los sucesos acaecidos en la Universidad los días 14, 15 y 17 de dicho mes. Fue repartido a la comunidad en los días que siguieron al proceso electoral. El documento narra un diálogo entre el periodista Federico La Mont, de El Sol de México, con el maestro Ramón Ibarra de Chapingo. Las versiones estenografiadas de las entrevistas fueron realizadas por Enrique Salame Méndez, maestro del Área de Matemáticas de la Preparatoria Agrícola. El volante da la extensión 5389 para cualquier aclaración sobre su contenido.
[3] Núñez Gutiérrez, H; Reyes Canchola, R. y Ocampo Ledesma, J. G. (2013). 1967. La huelga nacional de las escuelas de agricultura. CIESTAAM-UACh. México.
[4] José Manuel Arceo Arceo, en: Laura Sánchez Cobo (Coord.). (2007). La preparatoria agrícola y sus protagonistas en la construcción de la Universidad Autónoma Chapingo: cuarenta años de vida académica. Chapingo. México. p. 168.
[5] En el proceso para la rectoría del 2015, el candidato José Antonio Anaya Roa envió un oficio al CU solicitando la vigilancia y supervisión de los candidatos y sus equipos de campaña, y que los candidatos centren sus campañas en propuestas de carácter académico y administrativo. Agregó que en los procesos anteriores, candidatos usaron vehículos oficiales y buscaron ganarse a los alumnos con la introducción del toro mecánico, comidas, cervezas, carne asada. Y fuera de la Universidad organizaron bailes y peleas de gallos donde hubo bebidas alcohólicas para los alumnos.
[6] Volante sin fecha, con el encabezado: “A la comunidad estudiantil”. Se repartió en la comunidad universitaria en el mes octubre del año 2003, protestando por la toma de las instalaciones universitarias y haciendo un llamado para que se adopten medidas en el marco legal establecido.
[7] Idem.
[8] José A. Anaya Roa. H. Consejo Universitario, Chapingo, México, 23 de marzo de 2015.
[9] Rodrigo Cervantes Larraoiti —alumno consejero universitario suplente por el Departamento de Preparatoria Agrícola—. Para José A. Quintero Beltrán, consejero universitario por la comunidad departamental, 4 de mayo de 2017.
[10] Agregados realizados y enviados por correo electrónico al autor de esta ponencia por el doctor José Sergio Barrales Domínguez el 18 de septiembre de 2021.
[11] Idem.
