Guerrero, colonia interior: historia, despojo y violencia en el sur de México
Una mirada a vuelo de pájaro a los ciclos de explotación, contrainsurgencia y narcoeconomía
Paradójicamente, el territorio que terminó por convertirse en el estado de Guerrero (1849), pese a ser una de “las cunas” de la independencia de México, quedó marcado por un severo aislamiento. Ello se debió, en parte, a su localización geográfica —al encontrarse surcado por la Sierra Madre del Sur— y, en parte también, a la contingencia de haberse cancelado el proyecto de construcción de una vía férrea que, partiendo de Iguala, recorrería todo el cauce del río Balsas hasta su desembocadura en el Pacífico y continuaría luego por la costa oriental hasta el puerto de Acapulco, como consecuencia de la revolución de los automotores, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ambas circunstancias confluyen y producen, a la postre, un prolongado aislamiento de esta entidad federativa, imprimiéndole al conjunto societal que la habita, en su devenir histórico, características muy peculiares.
Guerrero ha sido el típico caso de un coloniaje interior (colonialismo interno); el caso de un territorio doblemente explotado y oprimido. Su ocupación durante décadas con tropas del Ejército Nacional y el cúmulo de atrocidades perpetradas por éste en la Costa Grande y la zona Centro, lo convirtieron en el “Vietnam mexicano”.
En nuestro país (dependiente) esa revolución del automóvil (Baran-Sweezy, 1968) origina una extraordinaria expansión de la red carretera nacional, de la cual va a formar parte la carretera Cuernavaca-Acapulco que, conectándose con la México-Cuernavaca será inaugurada durante la presidencia de Miguel alemán (1946-52). El Puerto de Acapulco, a partir de entonces, será considerado el más importante centro vacacional del país (verdadero enclave en esos años) y símbolo de la modernización en curso. Como toda moda, el turismo acapulqueño, naturalmente, terminó por imponerse.
Concerniente a tal vía terrestre, es menester destacar su maravilloso trazo y localización; uno de sus tramos corre paralelo al cauce del Río Papagayo. Por contraste, la nueva carretera inaugurada en 1993, durante la presidencia de Salinas de Gortari (1988-1994), más corta, la llamada Autopista del Sol, la proyectaron y ejecutaron técnicos que, contra toda previsión razonable, descartada la perforación de túneles por la imposibilidad de iluminarlos con luz eléctrica, o su construcción siguiendo las curvas de nivel, decidieron destruir (desgajándolos) un sinnúmero de cerros, entregándose al público una obra civil ingenierilmente desastrosa, que ahora requiere de constantes y costosas reparaciones (“treinta y dos años de derrumbes, reparaciones y cierres”).
La carretera Acapulco- Zihuatanejo se pavimentó y habilitó hasta inicios de los 1970. Y, en la dirección inversa, hacia el sur-sureste, aquella que comunica Acapulco con la Costa Chica —San Marcos, Copala, la (afro)mexicana comunidad de Cuajinicuilapa, con sus bellas playas de punta Maldonado, y Pinotepa Nacional, en Oaxaca— aún hoy se mantiene en algunos de sus segmentos cortada por la falta de reparaciones. Los vacacionistas nacionales o extranjeros (clases medias y altas) que visitaban o visitan Zihuatanejo o Ixtapa, elegían (y más ahora) viajar en avión a este otro enclave turístico.
Ocupémonos ahora de los distintos ciclos de explotación (de sus recursos naturales y humanos) a los que han sido sometidas estas tierras.
El primero que debemos describir, por la magnitud del impacto medioambiental que tuvo, precedido por el ciclo del impresionante pastoreo caprino, es el de la tala de los montes que se dilata por un periodo de poco más de setenta años. Quienes abrieron las primeras brechas de saca en la Costa Grande —Petatlán, Técpan de Galeana, Atoyac de Álvarez— y la zona Centro del estado —Heliodoro Castillo, Chilpancingo, Leonardo Bravo y San Miguel Totolapan— fueron algunos madereros particulares como Philippe Sommer, Arturo Sanromán y Melchor Ortega Camarena (quien después obtiene una concesión), entre muchos más, y cuatro compañías forestales. Estos caminos en tiempo de lluvias (seis meses o más) se volvían o vuelven intransitables.
A fines de los 1960, los serranos, para emplear una categoría acuñada por Alan Knight, que posterior a la promulgación de la Carta Magna de 1917 se vieron enfrascados en arduos procesos jurídicos, defendiendo sus bienes comunales, o como solicitantes de ejidos, al no soportar que sus montes continuaran siendo saqueados, se vieron obligados a recurrir a la acción directa, suspendiendo de golpe las actividades de corta y aserrío.
Mientras tanto, la existencia del movimiento guerrillero de Lucio Cabañas Barrientos (1969-1974) hizo que el gobierno federal adoptara la doble vía seguida por los EE. UU. (en México y América Latina) a nivel local, de un reformismo contrainsurgente y el uso de la fuerza armada.
El emblema de tal política contrainsurgente fue la creación, en 1972, por decreto presidencial, de la Forestal Vicente Guerrero, organismo descentralizado que recibe en concesión la totalidad de la cubierta forestal en la entidad: un millón 255 mil 646 hectáreas. Para hacer efectivo tal decreto se abrogan las concesiones otorgadas a las mayores empresas del sector, con la consiguiente disolución de las cuatro Unidades Industriales de Explotación Forestal, cuya titularidad estaba en poder de aquellas empresas: Maderas de Papanoa, Silvicultora Industrial, Industria Forestal del Poniente y Chiapas y Triplay. En las mismas fechas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fallaba también en contra del amparo interpuesto por el grupo de (falsos propietarios) testaferros y madereros particulares, representados por Florencio García.
Se formula asimismo un plan de descabezamiento de la guerrilla, poniéndole “un cuatro” (1974) a su máximo dirigente, para lo cual se ofreció Rubén Figueroa Figueroa, presunto candidato a la gubernatura de Guerrero. Este personaje acumulaba en su haber una diversidad de roles. Contemporáneamente, en 1974, era senador de la República por su estado, presidente de la Alianza de Camioneros de la República Mexicana, vocal ejecutivo de la Comisión del Río Balsas y presidente del Consejo de Administración de la Forestal Vicente Guerrero. La entidad, subrayémoslo, tenía entonces tres gobernadores de facto: en la Costa Chica gobernaba Raymundo Abarca Alarcón, en la cuenca del Balsas Rubén Figueroa Figueroa y en la sierra (Costa Grande y Zona Centro) Lucio Cabañas Barrientos.
Muerto Cabañas, ahora con una empresa oficial, el saqueo de los montes se mantuvo prácticamente sin cambio, utilizando la Forestal Vicente Guerrero, sin hacer inversión alguna, con la infraestructura preexistente. Lo que sorprendió a todos fue la sujeción, un dominio despótico bárbaro que los empleados administrativos, obedeciendo las órdenes del gobernador y el director de este organismo, impusieron a los habitantes de la sierra, los auténticos dueños de los montes.
No obstante que el valor del oro verde extraído a lo largo de siete decenios puede calcularse en el equivalente a 76 millones 243 mil 810 metros cúbicos de madera (cantidad estimada a partir de los datos del Inventario Nacional Forestal para el estado de Guerrero), sin considerar el volumen del crecimiento de la masa forestal en ese periodo, nunca se construyeron vías de comunicación apropiadas a las condiciones orográficas de la mayor parte del estado, caminos pavimentados y con las correspondientes obras de arte: puentes, vados, alcantarillas, cunetas y contracunetas, ni tampoco infraestructura social de alguna significación, como escuelas, clínicas, hospitales o mercados.
En un ciclo más, se va a experimentar un cierto auge cafetalero en la zona de transición del estado (de los 200 a los 800 m s. n. m.), en las dos Costas, concurrente al ciclo de la explotación de los bosques. La sede emblemática de este grano se encuentra en El Paraíso, localidad situada en Atoyac de Álvarez, uno de los municipios donde operaba la guerrilla. En esta zona de transición se introduce, en 1972, un segundo instrumento de política contrainsurgente, el Instituto Mexicano del Café. Con este se consigue una momentánea mejoría en las condiciones de comercialización del aromático y la introducción de algunas nuevas variedades, pero su contribución a la infraestructura social o de caminos fue igualmente escasa.
El largo ciclo de apacentamiento del ganado cabrío a gran escala, practicado desde el siglo XIX, de la misma forma llegó a tener una relevancia considerable por las enormes extensiones y abundancia de pastos en la región serrana del estado. Los pastores de los grandes ganaderos dedicados a este giro compraban los machos cabríos al destete en una diversidad de poblaciones que se extendían a lo largo de la Costa Grande y la Zona Centro de Guerrero, abarcando los municipios de la Unión, Petatlán, Técpan de Galena, Atoyac, Coyuca de Catalán, Coyuca de Benítez, Heliodoro Castillo y Chilpancingo. Los rebaños, “trozos” de 2000 ejemplares, que en el curso de varios meses de engorda (luego de cebados) durante los cuales alcanzaban los 80 kg de peso, y de una larga travesía, eran conducidos a Huehuetlán, Puebla, para su sacrificio. Esta actividad pastoril podía verse aún en los 1980, empezando a decaer en la década siguiente.
Desde ese decenio, un cuarto ciclo, entretejiéndose con los anteriores, se desarrolló con la llegada masiva de narcotraficantes (fuereños), mismos que amenazaron, sometieron y obligaron a todos los aldeanos (buena parte de la población serrana), principalmente en la Costa Grande y la Zona Centro, a sembrar cannabis sativa y amapola, ocupando estos cultivos vastas extensiones de terreno en el área semicubierta con pinares y encinares. A estos grupos delictivos las deficientes condiciones de los caminos no los han afectado; por el contrario, les sirven para su defensa y protección. El control del tránsito de personas lo han mantenido instalando retenes. El patrón se repite en todo el estado. Lo mismo ocurre en la región del valle del Balsas. La carretera que une Iguala con Ciudad Altamirano se reparó en los 1980, así como el tramo nuevo construido que vincula Coyuca de Catalán con Zihuatanejo. Algunas de las cabeceras municipales que se encuentran en esta ruta, como Arcelia, ya han sido tomadas por narcotraficantes y nadie puede entrar o salir sin su consentimiento.
A pesar de la depredación, la tala nunca se ha detenido. Los incendios provocados deliberadamente, o los accidentales que se suscitan como resultado de la práctica del “tlacolol” (agricultura de roza), de la misma manera, se suceden sin variación, año con año.
Aun así, en 1995, el gobernador Rubén Figueroa Alcocer firmó un acuerdo con la Boise Cascade, una empresa con sede en los EE. UU., otorgándole “la concesión y el derecho exclusivo de compra y explotación de madera en la Costa Grande de Guerrero. A partir de esa concesión comenzó la tala más agresiva que recuerdan los campesinos”, nos dice Jimena Camacho, en Lumbre en el Monte.
En ese mismo año, tras su renuncia, obligada por su implicación en la matanza del Vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez —un asesinato en masa en el que mueren 17 campesinos y resultaron 14 heridos, miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur—, da inicio con el sucesor Ángel Aguirre Rivero el ambicioso proyecto de una carretera transerrana que sería construida a lo largo del filo mayor de la Sierra Madre del Sur y financiada con los recursos que se obtuvieran de la explotación maderable.
El camino proyectado era la continuación de aquel que abriera a fines de los 1940 el maderero Arturo Sanromán, que se inicia en Filo de Caballos, un lugar que se encuentra sobre la carretera México-Acapulco, cinco kilómetros antes de arribar a la Ciudad de Chilpancingo, la capital del estado, y que conecta con Puerto del Gallo, el sitio donde la Silvicultora Industrial instaló un campamento forestal, en el predio de Campo Morado, perteneciente a la comunidad de San Francisco Xaliacan. Con el proyecto de Ángel Aguirre (de no ser mera ficción) presumiblemente se daría la puntilla a los montes en el estado, toda vez que pudiera agravase la erosión de estos suelos de vocación forestal.
En fin, la verdadera tragedia hoy, en Guerrero, en una última vuelta de tuerca, son las empresas mineras (el ciclo de la minería) y su ejército de paramilitares (estás mismas bandas delictivas), habiéndose convertido el estado, en la hora actual, en un espacio, para decirlo con la conceptualización de Marcos Kaplan, caracterizado por enormes bolsones de una narco-economía, una narco-sociedad y una narco-cultura. En el artero ataque y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han sido denunciadas las mineras canadienses que tienen concesionada en la entidad una de las minas de oro más grandes del país (la mina de Carrizalillo a 90 kms de esa Normal), y que proporcionaron a uno de los carteles, armas traídas desde Alemania, que terminaron en manos de la policía municipal que participó en los hechos criminales.
Obsérvese, por último, la furia reflejada en sus rostros de los participantes en la marcha del 10 de julio de 2023 sobre la Autopista del Sol, desde Petaquillas hasta Chilpancingo. El tejido social de narcos y pueblos, como puede apreciarse, se ha vuelto indisociable.
Nota bene
Estas imágenes, desde luego, ya no se corresponden del todo con el Guerrero actual, excepto la del ciclo de la minería, pero sí nos muestran las desastrosas consecuencias que puede producir el estar reducido como colectividad al estatus de colonia interior.
(Ex)hacienda Chapingo, febrero de 2026
