El proceso electoral de 2006, que amplios sectores de la sociedad mexicana denunciaron como un fraude, es una herida abierta en nuestra democracia. Al reabrirse la discusión sobre este acontecimiento, Molino de Letras publica nuevamente «El retorno del caudillo», un ensayo de historia política del académico Juan José Lomelí Sánchez. La pregunta, incómoda, sigue sobre la mesa: ¿qué tanto sabe, recuerda o ha podido reconstruir el público sobre aquel momento decisivo de la vida política nacional? Este ensayo fue escrito al calor de los acontecimientos. Su valor no reside únicamente en lo que afirma sobre el pasado inmediato, sino en la forma en que permite volver a mirar una coyuntura marcada por la transición democrática, el zapatismo, la contrarreforma indígena, el ascenso de Andrés Manuel López Obrador, el cierre del sistema de partidos y la disputa por el sentido mismo de la democracia en México. Leer hoy «El retorno del caudillo» no implica regresar al pasado por nostalgia, sino volver a una herida política que todavía organiza buena parte de nuestras conversaciones públicas. A dos décadas de distancia, el texto invita a pensar qué se dijo entonces, qué se quiso olvidar después y qué merece ser comprendido de nuevo. Por su extensión, el ensayo se publica en dos entregas.

El retorno del caudillo (I): el zapatismo ante la transición

“Para muchos la insurrección y las armas eran incompatibles con una transición democrática. Y lo más curioso, que para el propio EZLN también. El ¡Basta ya!, muestra un potencial que une dos tradiciones hasta ese momento incompatibles: insurrección y reforma. Si algo es evidente, son sus principios: cambio de legalidad, transformación de la institucionalidad vía la reforma constitucional, conquistar las libertades políticas para toda la sociedad mexicana, defender la propiedad nacional de los recursos y las riquezas naturales, y todo ello realizarlo sin el recurso de las armas, debiendo callar y dejar paso a un proceso de refundación política de la nación y la ciudadanía”.

M. Roitman

“En un momento no muy lejano, la problemática de la tierra será irreversible y desastrosa. Primero habrá una crisis del abasto de agua, luego un derrumbe en la agricultura, finalmente hambruna”.

G. Sartori

Introducción

La Sexta Declaración de la Selva Lacandona y los comunicados de Marcos que la han acompañado, más allá de si son pertinentes o no por la temporalidad en que aparecen, estando López Obrador a la cabeza en las encuestas de intención del voto y a pocos meses de la gran justa por la presidencia, el que dichos comunicados hayan provocado incertidumbre, desconcierto o aun repudio en amplios círculos de los seguidores y simpatizantes de ambos líderes es signo indudable que todavía en México, quien se atreve a ejercer el derecho de crítica, es considerado un hereje. Contrariamente a ello, una ciudadanía que se emancipa no puede por menos que celebrar el atrevimiento.

Desde ya, debemos decirlo, los “espectaculares ataques” de Marcos no son gratuitos; tienen su mar de fondo. En el fracasado intento para que el Congreso Permanente, en abril de 2001, aprobara una ley de derechos y cultura indígena, el Partido de la Revolución Democrática actuó en complicidad con la coalición que impuso la contrarreforma en esa materia. Todos sus senadores y una parte de sus diputados votaron a favor de esta. Con tal revés, no sólo quedaba obstruido el camino para que el Ejército Zapatista (Ezeta) se transformara de fuerza beligerante en partido político sino, más grave aún, se convalidaban y perfeccionaban los dispositivos jurídicos que están imprimiendo nuevo ritmo a la privatización del suelo (inclúyase biodiversidad y agua), y a la despoblación que va de la mano, en los territorios tradicionales que han ocupado, o de las porciones que aún conservan los indios pueblo. Después de tan decepcionante episodio la Comandancia Zapatista regresa a Chiapas y se hunde en el silencio. Los autóctonos eran excluidos una vez más, decisión tanto más errada cuanto que el país ensayaba su tránsito a la democracia. Desde entonces mantienen un perfil bajo, lo que no equivale a estar aislados del acontecer local y global. En el 2003 y 2004 llevan a la práctica las autonomías de facto y crean los Cinco Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno. Nadie debió sorprenderse, así, de que, llegado a un cierto límite, este experimento de democracia comunitaria o de autogobierno, en sintonía ahora con los movimientos (anti)sistémicos y de cara a la coyuntura doméstica, los rebeldes anunciaran una nueva estrategia de lucha en la Sexta Declaración y en la convocatoria a la Otra Campaña.

En casa, efectivamente, las condiciones han cambiado. Fox está de salida. La reforma política patrocinada por el propio régimen y tan cuidadosamente supervisada, ha producido un resultado no deseado: el “fenómeno” AMLO. Existe el riesgo altamente probable de que los neoliberales sean desplazados del poder. ¿Cómo se llegó a tal situación?

Encontrar la cuadratura de este virtuoso círculo, nos llevará en los primeros apartados a buscar el origen de las acerbas críticas de Marcos a López Obrador y su partido; será necesario explicar después en qué ha consistido nuestro proceso de democratización y, por último, describiremos algunos de los escenarios que podrían presentarse a propósito de las elecciones del 2006.

El contexto de fondo. Surgimiento del Ejército Zapatista

Para entender los dilemas a los que se ha enfrentado el zapatismo que, para decirlo con Vico, su naturaleza no es otra cosa que “su nacimiento en determinado tiempo y bajo determinadas circunstancias”, será necesario que analicemos brevemente su trayectoria. ¿De dónde viene y cuándo surge el Ezeta? Al origen, lo que tenemos (a) es una organización de corte foquista latinoamericano, inserta en una región india que por mera coincidencia tiene en su haber tanto una larga tradición de alzamientos en contra del gobierno central como, más recientemente, el aprendizaje político, la labor de concienciación en las comunidades eclesiales de base de la Teología de la Liberación. Fue una convergencia feliz lo que de ello resultó. Pero tal guerrilla, por el momento histórico en que aparece, suele catalogarse como una guerrilla poscomunista.

En 1994, (b) estamos a tres años del colapso del bloque socialista (Europa Central y del Este y la Unión Soviética); China ha emprendido la transición del socialismo al capitalismo; bajo el velo de la ignorancia yacía la experiencia del Jemer Rojo (República Democrática de Kampuchea), que en combinación con “la estrategia inteligente” de la Fuerza Aérea de EE. UU. (“los ataques masivos sobre Camboya de 1969 a 1970 y durante siete meses de 1973”), llevaron a la tumba a dos millones de personas, uno de los más atroces genocidios perpetrados en el siglo veinte (Pérez Gay, 2004: 13-16) [eso sin que consideremos las decenas de miles de mutilados]; Corea del Norte es impresentable; y Cuba, dentro de los modelos de referencia, jugaba el poco envidiable doble papel de David en la esfera de influencia más inmediata de EE. UU., por un lado, y de una especie de contraejemplo, por otro, producto del embargo impuesto a la isla durante más de tres décadas (contadas hasta 1994), destino que les esperaría a todas aquellas burguesías o gobiernos de la región tentados a realizar reformas que pusieran en riesgo los intereses geoeconómicos de la (hiper)potencia.

Hoy en día, estas burguesías y gobiernos reformistas que proliferan en el hemisferio se han vuelto más osados que nunca y, en la IV Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata, el 4 y 5 de octubre del año que corre, estuvieron dispuestos, como dijo Hugo Chávez, “a dar cristiana sepultura” al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el proyecto de Washington (Wallerstein, 2005: 24). Simultáneamente, (c) con el proceso de globalización (una mayor interdependencia entre las naciones), se debilita la soberanía de los Estados-nación, hay un éxodo de esta hacia poderes supranacionales y la emergencia en cada uno de aquellos, de una multiplicidad de identidades colectivas (raciales, religiosas, regionales, étnicas) resaltando entre estas, en el continente americano, los grupos autóctonos o naciones originarias (first nations), que reclaman su derecho a ser reconocidas en su diferencia. A este doble desdoblamiento J. Habermas le ha llamado la constelación posnacional.

Además, desde fines de los años setenta del siglo pasado, (d) está en proceso “la tercera ola de las transiciones”, o, dicho en otros términos, un vasto proceso de democratización en Europa Meridional, América Latina, Europa del Este, Sudáfrica y parte de Asia. Previo al fin de la Guerra Fría y durante la subsiguiente posguerra se cierra, temporalmente al menos, “el ciclo de las revoluciones socialistas”, o de las estrategias revolucionarias de guerra de guerrillas en el subcontinente. Crecen en su lugar y se propagan las aspiraciones democráticas de una ciudadanía en proceso de emancipación que hace suyas, de manera ineludible, la defensa y promoción de los derechos humanos de la primera, segunda y tercera generación. Agreguemos, finalmente, (e) el rechazo de los grupos indígenas en Latinoamérica a conmemorar la patraña (efemérides) del Quinto Centenario, en 1992.

Estrategia revolucionaria del Ezeta y respuesta de la sociedad civil

En la Primera Declaración de la Selva Lacandona y los comunicados anexos que da a conocer el Ezeta, lo que resalta es una estrategia revolucionaria (EZLN, 1994: 9) que no encuentra buena acogida en la emergente “sociedad civil”. Después de los doce días de combates, en enero de 1994, que provocan cientos de bajas indígenas, amplios sectores de la población (una ciudadanía en crecimiento incesante), convocan y se dan cita para organizar marchas y concentraciones de protesta que presionan al gobierno de Salinas para que suspenda las hostilidades. Finalidad que se logra y este, hábilmente, habiéndolo calculado, ante el riesgo inminente de enfrentar tumultos y desbordamientos ciudadanos en las calles, en la ciudad capital y en las de provincia, y de pasar a la posteridad como el presidente más sanguinario, declara una tregua unilateral. En la concentración mitin que se celebraría en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, horas después que él anunció el alto el fuego, la frase que sería coreada sin cesar, hubiese sido: ¡Salinas asesino! De aquí a su filtración en los medios de prensa mundiales no había más que un paso.

Lo que se ha venido designando como “sociedad civil”, no son sino las fuerzas opositoras o la ciudadanía en emergencia que había decidido apostar a la democratización del régimen. Ciertamente se buscaba el cambio, pero un cambio que no estuviera mediado por la violencia.

De San Cristóbal a San Andrés

Declarada la tregua, se instala a continuación una mesa de diálogo en la Catedral de San Cristóbal, Chiapas, entre la Comandancia Zapatista y un representante del gobierno: Manuel Camacho Solís. Uno de los resultados de esta negociación, ofrecida a cambio de la exigencia rebelde de su reconocimiento como fuerza beligerante, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Ginebra, fue la Ley para el Diálogo, la Concertación y la Paz Digna en Chiapas, publicada en marzo de 1995. En su artículo segundo, párrafo III, esta ley establece lo siguiente: “Propiciar que los integrantes del Ezeta participen en el ejercicio de la política dentro de los cauces políticos que ofrece el Estado de derecho” (Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, 1995). Con esto se abría el camino para la conversión de la guerrilla poscomunista en partido político. Pero las cosas toman un nuevo giro. En febrero de 1995, antes aun de que la ley mencionada apareciera en el Diario Oficial, se suscita “la traición” del presidente Ernesto Zedillo: el Ejército Federal y efectivos policíacos, so pretexto de la aprehensión de los dirigentes, y en especial del recientemente identificado como Sebastián Guillén, invaden las comunidades zapatistas y provocan un desplazamiento de población de alrededor de seis mil personas, entre hombres, mujeres, niños y ancianos hacia la selva, con grave riesgo de su vida.

Al año siguiente, se celebran los Acuerdos de San Andrés. La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) recogiendo el espíritu de estos acuerdos, formula un proyecto de ley sobre derechos y cultura indígena que aprueban ambas partes. Transcurrido algún tiempo, empero, el gobierno de Zedillo decide retractarse, desconoce lo pactado y presenta un proyecto de ley alternativo (Cfr., infra). Esto conduce nuevamente al rompimiento del diálogo y al congelamiento de los dos proyectos. Posteriormente, José Ramón Cossío Díaz y José Roldán Xopa, en Derechos y Cultura India, hacen una disección del proyecto Cocopa, en la línea defendida por el Ejecutivo y demuestran la falta de consistencia de sus preceptos.

La acusada propensión de la presidencia zedillista a violar flagrantemente los derechos humanos haciendo alarde de ello, y cebarse con los indígenas, se explica causalmente, hasta cierto punto, por el frustrante desequilibrio (de perspectiva catastrófica) de la economía que recibió de su antecesor: el sexenio se inicia con un derrumbe de esta en 1995, a partir del “error de diciembre” del año anterior, y termina con el (macro)fraude del siglo, obra del propio gobierno con la aprobación del Legislativo. Se crea, para tal efecto, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro y, después, la entidad que la suple: el Instituto para el Ahorro Bancario. Vemos entonces recrudecerse, en Chiapas, la guerra de baja intensidad. Posterior a la apenas recordada incursión de efectivos militares y policíacos a las comunidades comprendidas dentro del área de conflicto (febrero de 1994), en el municipio de Acteal del mismo estado, en el mes de diciembre de 1997, cuarenta y cinco personas (nueve hombres y el resto mujeres y niños) son asesinadas en una “cacería despiadada”. Seis meses después, en el Bosque, municipio de San Juan de la Libertad, soldados y policías del estado dan muerte a ocho indígenas, y también hieren a decenas más. En otras entidades federativas simultáneamente se observan hechos similares. Los focos de resistencia de productores aldeanos indios y no indios, opuestos a que les usurpen o despojen de sus tierras y recursos naturales, son cruelmente reprimidos. En Aguas Blancas, Guerrero (1995), por ejemplo, policías estatales acribillan a 17 campesinos; nueve de ellos recibieron el tiro de gracia. En el Charco, del mismo estado, elementos del Ejército Federal dispararon contra un grupo de indígenas reunidos en asamblea, resultando once personas muertas y cinco heridas. En Agua Fría, Oaxaca, paramilitares no identificados, perpetran una masacre. Sobra decir que estos no fueron los únicos crímenes que se cometieron desde el Estado, en el sexenio zedillista.

La Marcha de la Dignidad Indígena y la contrarreforma

En 2001, cuando la democratización en México parecía haber dado un paso más hacia adelante con la alternancia en el Ejecutivo Federal, el Ezeta creyó llegada la hora de promover su demanda de una ley de derechos y cultura indígena (en el marco de los derechos humanos de tercera generación), y asumió, dependiendo de las circunstancias, realizar su metamorfosis y “participar en el ejercicio de la política dentro de los cauces políticos que ofrece el Estado de derecho” (Loc. cit., 1995). En vista de que Vicente Fox durante su campaña ofreció resolver el conflicto de Chiapas y, habiendo obtenido la victoria en las elecciones del 2000, era de esperarse que tendría interés en reanudar el diálogo con los zapatistas y fumar, finalmente, la pipa de la paz.

Bajo este supuesto, el Ezeta fija tres condiciones para que el diálogo se reanude: (a) el retiro de los efectivos del Ejército Mexicano de determinadas posiciones en la zona del conflicto, (b) la liberación de los presos políticos zapatistas, y (c) la aprobación de una ley de derechos y cultura indígena. Anuncia enseguida su decisión de realizar una marcha (“la marcha de la dignidad indígena”), esta vez movilizándose exclusivamente los integrantes de la Comandancia, desde “el Desierto de la Soledad” a la ciudad de México, trazando un itinerario por el interior del país con escalas en poblaciones de diversas entidades federativas, incluidas algunas capitales. Los recibimientos en casi todas partes atrajeron gran número de lugareños, pero la recepción en la ciudad de México fue realmente apoteósica. A los habitantes del DF nos traía a la memoria las imágenes, vistas en el cine documental y en fotografías de la época, de la entrada de Villa y Zapata a esta ciudad, en 1914. No sólo hubo lleno total del zócalo capitalino, sino que en varias de las calles y avenidas aledañas se podía ver a la gente arremolinándose, tratando de ver a los comandantes zapatistas.

A cinco años de los Acuerdos de San Andrés, se habían acumulado ya cuatro proyectos de ley indígena: el proyecto de la Comisión de Concordia y Pacificación, el del ahora ex presidente Zedillo, uno del Partido Acción Nacional y otro del Partido Verde Ecologista. No obstante eso, era creencia generalizada que el proyecto que se elevaría a rango constitucional sería el de la Cocopa, toda vez que era el presidente quien lo enviaba al Congreso, y, todos, sociedad y gobierno, deseaban la paz. Suposición que resultó falsa. Tal y como se configuró en las adiciones y modificaciones que se hicieron a la Carta Magna, después de deliberarse en ambas Cámaras, la nueva ley en materia indígena no atendía a lo establecido en la iniciativa de la Cocopa. Al resultado, verdadera “obra de albañilería” de nuestros legisladores, Miguel Concha Malo le dio el nombre de contrarreforma indígena. Después de este descalabro, como ya fue indicado, el Ezeta vuelve a sumirse en el silencio. Terminada tan desalentadora experiencia, a excepción del Ezeta, otras ramas del movimiento autóctono y sus representaciones como el Congreso Nacional Indígena, se dirigen a los Congresos de los estados, abrigando la esperanza de persuadir a los diputados locales de que rechazaran esa contrarreforma. De convencer a la mayoría de esas legislaturas, conforme a lo dispuesto en el artículo 135 constitucional, para que votaran en contra, procedería la invalidación de la ley aprobada por el Congreso de la Unión; propósito que no consiguen. La última tentativa de la que echan mano los afectados, decepcionante también, fue la de entablar controversias constitucionales ante el Supremo Tribunal de la Federación. La declaración de improcedencia de este Tribunal a las controversias promovidas por más de 300 municipios, fue interpretada en términos de que, al menos por el momento, la vía de la legalidad había quedado clausurada. En suma, una vez más, se excluía a los autóctonos.

Revolución conservadora y transición democrática

Una pregunta que debemos responder es la siguiente: ¿qué pudo mover a los congresistas para que aprobaran una ley que no daba cuenta de lo demandado en el proyecto de la Cocopa, emanado de los Acuerdos de San Andrés, no obstante haber sido enviada por el Ejecutivo al órgano reformador como iniciativa propia de ley? Dos circunstancias explican la conducta de nuestros senadores y diputados. Una (a) se asocia al triunfo de la revolución conservadora (Mouffe, 1988) en México y, la otra, (b) a nuestra singular “transición” a la democracia.

Tratemos el primer punto: (a) la concepción que sobre el derecho de libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas se defendía en el proyecto Cocopa chocaba, contradecía y daba al traste con la reciente reforma al artículo 27 de la Constitución, uno de los grandes logros de la “revolución” neoliberal. Para probar el aserto comparemos los dos textos propuestos para la modificación del artículo 4.º de la Carta Magna: el de la Cocopa y el contenido en el proyecto del presidente Zedillo. Limitémonos al numeral V, en el cual se alude a una de las notas esenciales de la autonomía.

Mientras que en el proyecto de la Cocopa el sujeto de la autonomía eran los pueblos indios, expresándose la misma “en el acceso colectivo al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios [históricos], entendidos estos como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan y ocupan, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponda a la Nación”.

En el proyecto del presidente, una réplica desnaturalizada del anterior, se asentaba que: “con respeto a las demás disposiciones de esta Constitución [incluido desde luego el artículo 27 reformado] y a la unidad del Estado mexicano, [tenida cuenta de la indivisibilidad de la soberanía territorial], los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación; la expresión concreta de esta es la autonomía de las comunidades indígenas para: V. de acuerdo con las formas y modalidades previstas en el artículo 27 [nótese el énfasis] de esta Constitución acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponda a la Nación” (Cossío Díaz, 1998: 171 y ss.). En este texto, el sujeto de derecho no es ya “el pueblo” o “los pueblos indios”, sino “la comunidad”, y el uso y disfrute colectivo se refería exclusivamente a esta forma comunitaria de propiedad de la tierra. Casualmente esto armonizaba con lo dispuesto en la ley agraria en vigor, en la cual se admite la posibilidad de que aquellos ejidos que lo deseen puedan optar por la adopción de esta forma de tenencia.

Por último, la noción de “territorio” [histórico] del texto de la Cocopa era incompatible con nuestras disposiciones constitucionales, pues “implicaba un ámbito espacial de validez normativa” [¿Extraterritorialidad?] (Cossío Díaz, 1998: 191).

Pero ¿cuáles eran esas “formas y modalidades previstas en el artículo 27 de esta Constitución”? En este artículo, reformado en 1992, no sólo se pone punto final al acceso a la tierra del jornalero-campesino, indio y no indio desposeído, sino que además se sientan las bases para la futura privatización de la propiedad social: ejidos y comunidades agrarias (Lomelí, 1992). En la modificación de ese año quedó pendiente en la agenda, para un cambio posterior, derogar aquellos otros preceptos del mismo artículo 27 que impidieran privatizar el subsuelo (minerales, petróleo, gas, agua) “cuyo dominio directo corresponde a la Nación”.

Así las cosas, en relación a la propiedad del suelo, la reforma de 1992 se consideraba irreversible; en ese respecto ningún gobierno iba a ceder; no lo habían hecho los dos anteriores; menos aun lo consentiría el del presidente Vicente Fox, si hemos de atender a quienes lo eligieron (Cfr., más adelante). Y, en lo segundo, se esperaba que en la presente legislatura de 2003-06, se hicieran las enmiendas necesarias al artículo considerado y se finiquitara la agenda pendiente. Por lo tanto, tratándose de “territorio” [del suelo], los indios sólo contarían con los ejidos o comunidades de los que ya tuvieran posesión legal; no más, y aun estos podrían ser arrendados o adquiridos en operaciones de compraventa por los particulares. Esto se confirma a ojos vistas en lo declarado por Víctor Lichtinger en junio de 2003, cuando aún era el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ecología: “No corresponde a ninguna autoridad intervenir en esas ventas, que llevan a cabo los indígenas de la Riviera Maya de sus tierras, cenotes y cavernas subterráneas a agentes y compañías transnacionales, porque es una transacción voluntaria de ellos como dueños de esos ejidos” (Lichtinger, 2003).

De haberse aceptado el concepto de la Cocopa, la autonomía no se habría resuelto como extraterritorialidad, sino en los términos expuestos por Wistano Luis Orozco en el siglo XIX, quien sostenía: “Los ejidos de los pueblos y las concesiones irreductibles de tierras a los aborígenes, son inalienables, indesamortizables e imprescriptibles.” Esto hubiese forzado a los legisladores a modificar el artículo 27, volviendo a su texto anterior. En las luchas por venir se demandará “el reconocimiento de las autonomías comunitarias, municipales o regionales como un orden de gobierno [justamente un cuarto orden] en la estructura jurídica institucional del Estado” (Concha Malo, 2003: 21). En la definición de la autonomía regional, específicamente, lo planteado por José Roldán Xopa, de buscar referentes en nuestra propia jurisprudencia, como aquella figura de las Comisiones por Cuencas Hidrológicas que estuvo vigente en el pasado, puede ser de utilidad.

Un hipotético curso de acción

La segunda razón (b) que explica el comportamiento de los parlamentarios reside en la naturaleza de nuestra “transición” y del sistema de partidos. Volvamos por un momento a la Marcha de la Dignidad Indígena. Cuando la Comandancia Zapatista se encontraba en Orizaba, Veracruz, y la multitud se congregaba, estaban en la localidad dos dirigentes del PRD: Demetrio Sodi y Jesús Ortega, hoy precandidatos al Gobierno del DF. No daban crédito a lo que veían: ¡era inaudito que los zapatistas tuvieran tal poder de convocatoria! Como ya se expresó, este poder se vio enormemente magnificado al arribar la Comandancia a la ciudad de México, lo que hizo estremecer a toda la clase política. De convertirse en partido político el Ezeta, el impacto hubiera sido demoledor no sólo para el PRD o “esa vasta izquierda que no tiene nombre específico”, como afirma Arturo Anguiano (2001: 126), sino para el sistema de partidos en su conjunto.

Veámoslo comparativamente. Si en Venezuela el añejo y consolidado bipartidismo (AD y COPEI), desapareció con el fracaso de Carlos Andrés Pérez en su segunda presidencia (Kahhat, 2005: 23) y el posterior ascenso de la Revolución Bolivariana, nosotros teniendo un sistema de partidos “prendido con alfileres”, qué podíamos esperar. Otro caso de “desastre partidista” ocurrió en este 2005. En el Uruguay, los Blancos y los Colorados, los dos partidos más longevos (con 150 años de vida) de la región, fueron derrotados en la primera vuelta con una mayoría absoluta, por Tabaré Vázquez, un candidato socialista (Kahhat, 2005: 18). ¿Moraleja o paradoja?: la asombrosa ascendencia mostrada por el zapatismo en amplios sectores de la población, más que beneficiarle en su causa, fue el más contundente argumento que influyó en la formación de la coalición mayoritaria que votaría la contrarreforma indígena en el Congreso.

Completemos ahora el razonamiento hipotético: ¿Cuál hubiese sido el curso de los acontecimientos si el Congreso de la Unión hubiera aprobado unas modificaciones a la Carta Magna que recogieran adecuadamente lo demandado en el proyecto Cocopa? Al cumplirse la tercera de las condiciones fijadas por el Ezeta para volver a la mesa de las negociaciones e, igualmente, las dos restantes, el corolario inevitable hubiese sido la firma de la paz. El hambre de reflectores de un liderazgo presidencial mediático como el que tenemos se sacia con actos de esta naturaleza. Paso siguiente, y dado que la “sociedad civil” rechazó el llamado insurreccional que hizo el Ezeta en 1994, inclinándose por la búsqueda de la paz y la lucha pacífica, a este sólo le quedaba su conversión en partido político.

Un curso de acción semejante había sido evaluado, y advertido del riesgo, apenas un año y medio después del alzamiento, por analistas e intelectuales vinculados a la élite política. En julio de 1995, Carlos Elizondo Mayer, en “Los pantanos de la transición”, sentenciaba: “Más nos vale consolidar la democracia real, la que pasa por un sistema de partidos fuertes con opciones claras de gobierno, que seguir en una ruta donde los principales partidos enfrentan pugnas internas que dificultan cada vez más el acuerdo nacional y donde el espacio político lo están tocando organizaciones sociales de diversa índole y de muy difícil agregación” (Elizondo, 1995).

Continúa en: El retorno del caudillo (II): de la alternancia al fraude de 2006.