En su irreversible declive, el imperio cobra la cabeza de Maduro
Abrimos el 2026 con una gran serie televisiva:
Mediante un acuerdo con tintes hollywoodescos entre Washington y Caracas, se acordó que el presidente Nicolás Maduro, junto con su esposa, serían arrestados por un comando militar (una fuerza especial) en su propio domicilio. Se respetaría su vida y se evitaría la violencia (el 3 de enero aún no se había informado que el grupo de élite había dado muerte a la guardia del presidente aprehendido, integrada por personal cubano). A continuación, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiría el Ejecutivo, y se establecerían con ella las condiciones para que las petroleras norteamericanas pudieran tener libre acceso a los yacimientos del “oro negro” en ese país.
El colosal despliegue naval en el mar Caribe (con un saldo de más de cien muertes de civiles) y la amenaza de invasión terrestre fueron los dos mecanismos empleados para obligar a Maduro a aceptar tal oferta. Los bombardeos a instalaciones en suelo venezolano (con decenas de muertos), incluidas las que tuvieron lugar cerca del Palacio de Miraflores en la capital, Caracas, así como a diversas infraestructuras vitales y al principal centro de comando, fueron una copia, con sus diferencias, de aquel escenario que observamos en 2025 en Irán (el ataque a sus reactores nucleares); ataques aéreos que deberían justificar el abrumador despliegue de fuerza armada del cual hizo gala el declinante imperio.
Como posible pieza de reemplazo, Trump desechó rápidamente a Corina Machado, no solamente por haberle arrebatado el Premio Nobel de la Paz 2025 al campeón pacificador del momento (el propio Donald Trump), por espurio que sea este premio, sino fundamentalmente porque Machado (con Edmundo González) está imposibilitada para gobernar Venezuela, pues nunca podrá quitarse de encima el estigma de ser una traidora a su patria.
Delcy Rodríguez, en cambio, goza de la suficiente legitimidad y cuenta con el respaldo de las fuerzas armadas venezolanas y de la mayoría de la población.
Sin embargo, un día después de que el Tribunal Supremo le tomara protesta a la presidenta Delcy Rodríguez el 3 de enero, y de que, a continuación, el domingo 4, se instalara la Asamblea Nacional, en la madrugada del lunes 5 se suscita un segundo ataque. Este se produce ahora en las proximidades del Palacio de Miraflores, en Caracas, con drones, y es repelido con disparos por la policía venezolana. Con este ataque, USA pretende mantener la presión sobre las nuevas autoridades republicanas, doblegar a sus integrantes y obligarlos a ceder dócilmente a las pretensiones tanto del gobierno trumpista como de las petroleras de ese país, para controlar la industria y acceder sin obstáculo alguno a las reservas de hidrocarburos de Venezuela.
El mismo 5 de enero se reunió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y una mayoría de sus miembros condenó la agresión de EE. UU. al país latinoamericano.
Se difundió además un pronunciamiento firmado por México, Chile, Colombia y Brasil en el cual condenan la agresión a un país hermano y denuncian la violación al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, haciendo un llamado a que se cumpla con los principios de no agresión de un Estado a otro, no intervención, el respeto a la libre determinación y la solución pacífica de las controversias.
