Las valientes de Atenco.

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Mujeres de Atenco. Fotografía por Daniel Berehulak. Usada sin fines de lucro.

No son “las violadas”, no son incidentes en un papel archivados tras las disputas entre un Estado autoritario y los pobladores organizados de San Salvador Atenco. Son seres humanos. Tienen nombre y apellido. Son mujeres que sobrevivieron y que, pese a haber perdido la mitad de ellas mismas hace once años, siguen pugnando en busca de una justicia que, si bien no borrará las cicatrices de su atroz pasado, sí les traerá paz para enfrentar los días por venir.

Los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, lo que comenzó como una afrenta entre floricultores, pobladores y fuerzas policiales municipales, manifestaciones y bloqueo de carreteras, escaló hasta convertirse en una incursión armada de parte del Estado a fin de ahogar la insurrección. Haciendo acopio de más de mil elementos de seguridad, helicópteros, gases lacrimógenos y un uso excesivo de la fuerza, Peña Nieto –el entonces gobernador del Estado de México-, no sólo extinguió aquellas protestas en contra de la construcción de un aeropuerto en el lago de Texcoco que hoy es más que una realidad, también aplastó los derechos humanos de más de 200 detenidos, 2 jóvenes muertos y 47 mujeres violadas y humilladas.

Las víctimas eran estudiantes, periodistas, trabajadores y activistas. Todas ellas recuerdan haber sido llevadas contra su voluntad en un autobús tipo escolar por más de 5 horas hacia distintas prisiones, sin que se les informaran los motivos de su detención. En el trayecto, los policías las despojaron de su ropa y las golpearon con saña, las penetraron, mordieron e insultaron; cometieron todo tipo de vejaciones contra ellas y, cuando fueron dejadas en los centros penitenciarios, se les negó representación legal de su confianza y ayuda médica. Algunas incluso pasaron más de un año presas, acusadas de agresión contra oficiales o de secuestro.

De todas ellas, pese al estigma social y el miedo a la represión, 11 se organizaron y alzaron la voz. Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Bárbara Italia Méndez, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y Suhelen Gabriela Cuevas. Ellas afrontaron las consecuencias personales que se derivan de denunciar una agresión sexual en un país donde el machismo es la norma. Sin embargo, las autoridades locales hicieron poco o nada por investigar los casos y dar con los responsables. No hubo detenidos ni destituciones de policías o mandos. El propio Peña Nieto llegó a declarar que las acusaciones de las mujeres podrían ser una mera táctica de grupos radicales para desacreditar al gobierno.

Por ello, en septiembre de 2016, con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que había estado investigando exhaustivamente el caso desde 2008, se presentó formalmente una denuncia en contra del Estado mexicano ante la Corte IDH.

“El Estado mexicano está acusado ante la Corte IDH por haber torturado sexualmente a las 11 mujeres, pero también porque el caso permanece en la impunidad, no se ha investigado la cadena de mando que posibilitó por acción u omisión que en el contexto del operativo policiaco se cometieran graves violaciones a los derechos humanos”, explicó el Centro Pro Derechos Humanos en un comunicado.

Aunque el proceso jurídico será largo (un promedio de 21 meses), a día de hoy las mujeres siguen aguardando por el veredicto sin bajar los brazos. Desean que la denuncia lleve al Estado mexicano a frenar la tortura sexual como método de terror, represión y obtención de información; y que aquellos que las lastimaron, sepan que no sus delitos no quedarán impunes.